El Gobierno, en la recta final de la campaña con vistas al balotaje, publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia con las actualizaciones. El Congreso aprobó la ley en 2015 y se reglamentó tres años después, pero los damnificados tenían problemas para realizar los cobros. El episodio, ocurrido en 1995, causó 7 muertes y dejó unos 300 heridos.
